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11 enero 2014

La Infanta imputada o La confusión intencionada del significado de la Monarquía




Abundan estos días los artículos sobre y, ante todo, contra la Infanta Doña Cristina y contra la Monarquía en España.

Desde que apareció el caso Noós como asunto colateral del asunto Palma Arena, un caso de corrupción política de mucha más envergadura que la empresa del consorte plebeyo de la Infanta, no han parado las filtraciones -sin duda intencionadas- para perjudicar la imagen de la institución monárquica española. Y resulta bastante lamentable la falta de seriedad de muchos periodistas en el asunto de la Infanta Doña Cristina. Sobre todo el debate nada objetivo sobre si se debe o no imputar a la Infanta en relación con las operaciones comerciales de su cónyuge parece haberse convertido en fuente inagotable para los sectores antimonárquicos -bastante minoritarios, pero con mucha capacidad de hacerse oír- para arremeter contra la institución monárquica que nada tiene que ver con los negocios de un particular y mero miembro político de la Familia Real.

En todo este debate se mezclan muchos conceptos. La Infanta Doña Cristina no es la Monarquía, sólo es una hija del Rey. En la Monarquía sólo existe un titular de la Corona: el Rey, mientras que al  Príncipe Heredero corresponde un lugar destacado y relevante, porque va a suceder al Rey cuando llegue el momento. En cambio, las hijas del Rey forman simplemente parte de la Familia Real, sin funciones constitucionales. La Monarquía es la forma de estado, y la Corona representa al estado. Las Infantas son personas privadas, y sólo actúan en nombre del Rey en representación de éste en actos de menor importancia, lo que es la única circunstancia cuando adquieren relevancia pública.
Por su parte, el Rey siempre ha cumplido con sus obligaciones constitucionales.

Lo triste del asunto Urdangarín es el interés político que algunos funcionarios de Justicia parecen tener cuando no hacen más que querer implicar a toda la Casa Real en un caso en el que se trata de negocios del consorte de la Infanta Doña Cristina que éste hizo aprovechándose de su posición privilegiada, incluso después de haber sido advertido por la Casa Real de no hacerlo. El error del Rey fue no haber parado en seco las operaciones comerciales de su yerno con algunos estamentos políticos, desarrollando un comportamiento nada ejemplar. Pero no olvidemos que Noós es un asunto colateral de Palma Arena y que las responsabilidades son de los políticos que adjudicaron contratos a Urdangarín sin respetar los procedimientos habituales. Al menos, este parece ser el caso, pero todo siguen siendo especulaciones mientras no se haya celebrado el juicio correspondiente y se haya dictado sentencia firme. Los medios de comunicación y algunas partes de la ciudadanía, sin embargo, ya parecen haber sentenciado no sólo al consorte de la Infanta, sino a la misma Infanta, al Rey y a la Monarquía sin diferenciar en absoluto entre estado, Corona y los diferentes asuntos judiciales.

Ahora que el juez ha decidido imputar a la Infanta Doña Cristina, nuestra valoración lógicamente es de respeto a la decisión judicial, si bien no podemos compartirla, pues estamos de acuerdo con la fiscalía, Hacienda, la Abogacía del Estado y las defensas de las partes de que no se puede imputar a nadie sólo con meros indicios y sin pruebas, y como dijo el fiscal, no se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho. El juez Castro dice que sólo quiere oír a la Infanta, pues si eso fuera verdad, la habría llamado en calidad de testigo y no como imputada.

Se ha dicho por activa y por pasiva que la ley es igual para todos. Nosotros como Asociación Monárquica Europea nos preguntamos: ¿Se habría investigado con tanto celo una situación similar si en lugar de tratarse de la Infanta Doña Cristina hubiera sido una ciudadana cualquiera? La ley en este caso parece más igual para unos que para otros. Si se demuestra con pruebas que la Infanta ha cometido algún delito, la Ley debe caer sobre ella con todo su peso, pero con pruebas irrefutables. De todos modos, tanto ella como su marido ya están condenados social y mediáticamente aunque salgan absueltos.

La Infanta en todo caso puede declarar como testigo, no como imputada, ya que las empresas fueron gestionadas por su marido y el socio de éste. Todo esto no tiene que ver ni con la Monarquía ni con el Rey, sino con los intereses de unos políticos corruptos que presumiblemente esperaron obtener prebendas muy particulares de estos negocios - o tal vez sólo querían decorarse con cierto glamour monárquico, quién sabe.
Aún más lamentable son filtraciones en toda la fase de instrucción y que la instrucción lleve ya casi 3 años sin que se haya llegado a celebrar ningún juicio. Como dijo muy acertadamente el Jefe de la Casa Real, esta prolongación inusitada de la fase de instrucción sin celebrar juicio es un martirio - y lo es no sólo para la Casa Real, sino para toda la sociedad. El juez parece prolongar aposta un procedimiento que debería ser bastante más corto. Pero la Justicia en España nunca se ha caracterizado por su rapidez y eficacia, mientras contrasta mucho con los sistemas judiciales de otros países donde no es normal que algunos jueces se hagan célebres por sus actos, caracterizados en algunos casos por unas tendencias políticas concretas. No es normal, desde nuestro punto de vista, cómo se ha desarrollado la instrucción, con continuas filtraciones, curiosamente siempre al mismo periódico. Filtraciones que casualmente tampoco se han investigado; ha habido reuniones del juez con la abogada de la acusación particular, grabadas y publicadas por un medio de comunicación que cuestionan seriamente la imparcialidad de la instrucción; publicación de correos electrónicos impresos en papel que nada aportaban al núcleo duro de las investigaciones, pero que servían para destruir la imagen de la Infanta y su entorno familiar y que el juez dio por buenos sin molestarse en investigar el soporte informático de los mismos, etc., etc.

En este tema, muchos periodistas, políticos, autodenominados expertos y ciudadanos en general, dan por sentado que hay presiones para que la Infanta salga indemne, pero todos dan también por sentado que no hay esas mismas presiones en sentido contrario y dan por buena esa “curiosa” instrucción del caso. Aceptan y aplauden entusiasmados al juez, que parece tener tan claro el papel de la Infanta, que necesita más de 200 folios para intentar justificar su postura, aplauden que la imputación solo esté sustentada por la opinión subjetiva del juez, el sindicato ultraderechista Manos Limpias, cuyas caras visibles son Miguel Bernard, ex líder del desaparecido Frente Nacional e imputado por coacción y estafa como recoge hoy ABC; la abogada del mismo sindicato, Virginia López, que fue pillada de copas con el juez Castro, y el mismo medio de comunicación beneficiado con las filtraciones y cuyos titulares de prensa sobre el caso están más cerca del sensacionalismo que de la información.

En cambio, se critica muy duramente, se ven tejemanejes y presiones tras la decisión del fiscal del caso, de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía del Estado y de Hacienda al rechazar la imputación. Se da más credibilidad a un juez que hasta ahora sólo se ha movido entre indicios y suposiciones, a un ultraderechista imputado por estafa y a su abogada y a un medio supuestamente independiente que a organismos e instituciones como los mencionados.

Lo más llamativo es la falta de criterio al tratar los diferentes asuntos y el aparente desconocimiento del funcionamiento y la composición de muchas instituciones. Monarquía significa "gobierno de uno", lo que aplicado a los tiempos presentes se podría traducir con "reinado de uno". Es decir, la Monarquía no la representa una multitud (toda una Familia Real), sino el Rey y nadie más que el Rey.

La ventaja de la Monarquía es que la familia del Rey puede asumir la representación de éste si así lo decide, pero eso no cambia nada respecto de la titularidad de la Corona, que corresponde a UNO, no a todos. La Reina y las hijas del Rey forman parte de la cara visible de la Monarquía, pero ellas no son la Monarquía. Los consortes de las infantas ni siquiera son representantes auténticos de la Familia Real, son anexos irrelevantes de la Familia Real sin llegar a ser realeza.

Vimos muy bien cuál es el diferente trato que recibe el Rey como titular de la Corona y jefe de estado y cuál es el trato que recibe el Príncipe Heredero. Cuando el Rey no pudo asistir a la Cumbre Iberoamericana se dijo claramente que el Príncipe no podía sustituir al Rey como jefe de estado. Entre otras razones el problema reside en que no hay Ley Orgánica que regula el funcionamiento de la institución monárquica, y al ser el Rey el único representante legítimo de la Monarquía Española (= del estado), sus funciones no pasan automáticamente a otros miembros de la Familia Real, ni siquiera al Príncipe Heredero. De hecho, vimos que Don Felipe representó al Rey en la Cumbre Iberoamricana, pero sólo en algunos actos, no como jefe de estado, mientras tuvo que complementar su viaje con otros actos representativos de tipo cultural o económico. Por lo tanto, si ni siquiera el Príncipe puede asumir las funciones del Rey, menos aún lo pueden hacer las Infantas, por mucho que estén en la línea de sucesión (lo que de por sí no significa más que un más hipotético que efectivo derecho a suceder al Rey si faltasen todos los sucesores intermedios. Consecuentemente, no se puede confundir la Monarquía con la Infanta Doña Cristina. La Monarquía es el estado y al estado lo representa el Rey como jefe del estado.

Por consiguiente, los negocios del consorte de la Infanta los hizo un particular que hizo mal uso de su posición privilegiada y de los contactos que esta posición le permitía establecer gracias a su matrimonio con una hija del Rey. Los negocios no los hizo el Rey (la Corona) ni la Monarquía (el estado).

Y sin venir a cuento, se especula constantemente sobre una eventual abdicación del Rey, que evidentemente se quiere poner en relación con el asunto Urdangarín, como si se estuviera deseando desestabilizar a la Monarquía para echarle toda la culpa de todos los males que sufre España, cuando estos males son responsabilidad única y exclusiva de la clase política gobernante y que en nada cambiarían si se acabase con la Monarquía, que es la única garantía de mantener la unidad nacional, la estabilidad política y el prestigio internacional que la clase política ha ido arruinando legislatura tras legislatura.

Por más que algún político y periodista se emocione o se frote las manos pensando en la abdicación del Rey o la caída de la Monarquía, ésta seguirá, porque la opción republicana tiene una historia muy negra por más que ahora esté de moda manipular aquel período histórico para pintarlo de rosa, pero que en realidad tuvo mucho de terrorífico y poco de democrático y que nos llevó a una guerra civil y a una dictadura. Si el Rey aguantó en la Transición entre la extrema derecha, la extrema izquierda y la crisis económica, hoy hará lo mismo y mejor, porque cuenta con el Príncipe, un hombre muy preparado, mientras nuestra clase política oscila entre la mediocridad, la falta de sentido de Estado y la estulticia.


¡Larga vida al Rey!


Fuente: Monarquía Europea
 

24 diciembre 2010

Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey de España


¡Buenas noches! Quiero que mis primeras palabras sean para transmitir de corazón a todos los españoles mis mejores deseos de paz, prosperidad y felicidad en estas Fiestas Navideñas y para el Año Nuevo 2011.

Llegamos al final de un año difícil y complejo, marcado por una crisis económica, en España y en otros países, más larga e intensa de lo esperado. En nuestro caso ha puesto de manifiesto desequilibrios y deficiencias estructurales que hemos de resolver juntos con eficacia y prontitud.

Lo más doloroso es que ha golpeado a tantos hombres y mujeres que han sufrido -en su propia carne o en sus familias- la pérdida de empleos. Los parados concentran nuestras preocupaciones; son una prioridad insoslayable. La sociedad española no puede dejar que, especialmente, tantos jóvenes carezcan por más tiempo de un trabajo.

Pienso asimismo en quienes han tenido que cerrar comercios, talleres o negocios. En todas las personas que han asumido grandes sacrificios y esfuerzos a lo largo de este año: trabajadores asalariados, autónomos, profesionales, empresarios, pensionistas o funcionarios. Todos ellos merecen nuestro más amplio respaldo. Sus múltiples desvelos diarios y los de millones de familias, cuentan con nuestra mayor gratitud pues contribuyen al bien de todos.

La crisis ha requerido la adopción de importantes decisiones por parte de nuestros poderes e instituciones públicas a todos los niveles. A escala europea ha exigido concertar nuevas iniciativas. Pese a ciertos signos alentadores, todavía no se ha logrado una plena estabilización y recuperación internacional.

Es preciso seguir adelante con empeño, ganar la batalla al paro con decisión, constancia y firmeza; mejorar en productividad y competitividad, en educación e innovación; y volver a situar a nuestra economía con visión de futuro en el pelotón de cabeza, manteniendo nuestra protección y cohesión social.

Sin un crecimiento adecuado no crearemos empleo. Y para crecer como necesitamos, debemos proseguir y abordar juntos las reformas necesarias, cumpliendo además nuestros compromisos en materia presupuestaria y de déficit. Se trata de modernizar nuestro modelo productivo y de generar mayor confianza para reactivar nuestra economía, proyectando al mundo nuevos ejemplos de vitalidad y de impulso como sociedad.

Pudimos salir con éxito de anteriores crisis económicas. Disponemos de las condiciones y de los instrumentos necesarios para lograrlo de nuevo.

Somos una gran Nación, orgullosa de su pluralidad y diversidad, integrada en la Unión Europea con la que estamos comprometidos y por la que siempre hemos apostado. Un país de personas laboriosas y creativas, con una juventud espléndida, un inmenso y variado patrimonio cultural, modernas infraestructuras y muchas empresas punteras a escala internacional. La misma España que ha sido capaz de progresar y de superar con éxito muchas pruebas.

No hemos llegado hasta aquí para dejarnos vencer por las dificultades, para renunciar a nuestras ambiciones de construir un país cada vez mejor.

Debemos desterrar el desánimo, levantar la cabeza, aunar esfuerzos y continuar la faena, conscientes de lo que somos, de lo que ya tenemos y de lo que podemos avanzar.

Los nuevos tiempos requieren grandes compromisos por parte de todos. Si queremos ganar el futuro, debemos mirar más allá, estimular ilusiones y fortalecer capacidades, sabiendo que juntos llegaremos siempre más lejos.

Por todo ello, para salir de la crisis y asegurar nuevos horizontes de prosperidad y de bienestar, necesitamos unidad, responsabilidad y solidaridad. Estos son los mejores aliados para vencer dificultades y alimentar nuestras esperanzas. Los mismos que han guiado a otros países.

Creo que la actual situación ha puesto de relieve lo evidente: de cómo le vaya a España depende cómo le vaya a cada uno de los españoles. Por eso, no caben actitudes individuales ni colectivas de indiferencia o de egoísmo, que a la postre nos dañan a todos.

Nada que valga la pena se consigue sin renuncias y sin entrega. Es preciso fomentar el ejercicio de grandes valores y virtudes como la voluntad de superación, el rigor, el sacrificio y la honradez. Valores y virtudes cuya ausencia no es ajena al origen de la crisis, y que son consustanciales a toda sociedad justa y equitativa.

En definitiva, debemos unir nuestras fuerzas para alcanzar nuevos logros colectivos, con confianza en nosotros mismos y en nuestro país, contando con la acción de nuestras instituciones en el marco de convivencia y estabilidad que asegura nuestra Constitución.

Todos, empezando por nuestros partidos políticos y agentes económicos y sociales, somos importantes para conjugar voluntades en esta dirección, con generosidad, sentido de Estado y pensando en el interés general.

Quiero reiterar esta noche que el terrorismo solo suscita condena y repudio en cuantos defendemos la libertad y la democracia. No nos debe faltar determinación para acabar con esta lacra. Honremos y arropemos con todo nuestro cariño y solidaridad a las víctimas de la violencia terrorista y a sus familias.

Por otro lado, continuemos prestando la máxima atención a los excluidos y marginados, trabajando por la igualdad de oportunidades y en apoyo de los discapacitados. Redoblemos asimismo esfuerzos para combatir las drogas y terminar con la inaceptable violencia de género. Y por supuesto, cuidemos más nuestro entorno natural.

Nos jugamos mucho a diario en el mundo complejo y competitivo en que vivimos. Por eso tenemos que defender el papel y los intereses de España en el plano internacional y mantener nuestros compromisos con la paz y el desarrollo de muchas naciones necesitadas. En este marco dirijo mi gratitud y afecto, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad desplazados en otros países, que han sufrido la pérdida de compañeros que permanecen en nuestro recuerdo.

Pero el año 2010 nos deja también alegrías, realizaciones y esperanzas, incluidos numerosos triunfos inolvidables en la historia de nuestro deporte. ¡Estoy convencido de que 2011 nos aportará nuevos éxitos y avances en muchos campos!

He contado siempre, y muy especialmente este año, con el afecto de los españoles y con el activo apoyo del Príncipe de Asturias. Al expresar mi agradecimiento quiero, una vez más, asegurar que sigo y seguiré cumpliendo siempre con ilusión mis funciones constitucionales al servicio de España. Es sin duda mi deber, pero es también mi pasión.

Quiero terminar reiterando mi plena confianza en España y en nuestros ciudadanos. Confianza en nuestra capacidad y fortaleza para dejar a nuestros hijos y nietos un país cada vez mejor, con mayor prosperidad en cada pueblo, ciudad y Comunidad Autónoma. En suma, plena confianza en que seguiremos progresando.

¡Muy feliz Navidad y Año Nuevo 2011, en nombre propio y de mi Familia, a todos los españoles y a cuantos extranjeros viven con nosotros!

Buenas noches. 


27 noviembre 2009

Trigésimo cuarto aniversario de la Coronación

En el trigésimo cuarto aniversario de la consagración de la Corona, celebrada cinco días después de la Proclamción de Don Juan Carlos de Borbón como Rey de España tras el fallecimiento del dictador General Franco, parece oportuno hacer unas breves consideraciones sobre lo que significa hoy en día este rito religioso.

A lo largo de estos treinta y cuatro años, la religión católica ha sufrido un serio deterioro, igual que muchos de los valores tradicionales de la sociedad española.


Hasta ahora, todas las Monarquías europeas -a excepción de la albana- estaban estrechamente unidas a la fe cristiana, las del centro-sur y del sur de Europa a la Iglesia Católica, las del centro-norte y norte de Europa a la Iglesia Luterana o la Iglesia Anglicana, y las del este y sureste de Europa a la Iglesia Ortodoxa. Pero todas ellas tienen en común su pertenencia a la fe cristiana, y como en el caso de Gran Bretaña la Corona es igualmente cabeza de la iglesia.


Se trata de una tradición heredada de la temprana Edad Media, en realidad de los últimos tiempos del Imperio Romano ya cristianizado. Simbólicamente, aún hoy los Monarcas están sometidos -voluntariamente- a sus respectivas iglesias, lo que justifica las ceremonias de Coronación o Consagración de la Corona por el sumo sacerdote de cada país durante una misa especial celebrada a tal fin.


Aunque hoy en día nos pueda parecer anacrónico un acto solemne heredado de tiempos de la supremacía de la Iglesia Católica sobre el poder terrenal de los gobiernos absolutistas presididos por los Reyes, por medio del cual la Iglesia "legalizaba" el poder real y le infundía la gracia del espíritu santo (la Corona suele simbolizar esta unión entre el Rey y Dios al abrirse hacia el cielo para recibir al espíritu santo), conviene realzar los valores tradicionales de la Monarquía con profundas raíces cristianas. En nuestro caso, en España se sustituyó la Coronación por la Consagración de la Corona al quedar suprimido el acto de la Coronación física en tiempos de Carlos III, lo que hizo al Rey más terrenal y menos sometido a la Iglesia.

Sin embargo, la misma Monarquía parece creer cada vez menos en los valores que representa. Frecuentemente se nos recalca en los medios la "normalidad" de la vida de los integrantes de la Familia Real y su "igualdad" de su condición con el resto de los ciudadanos. Esa idea igualitaria en sí resulta cuanto menos irreal y absurda, pues no todos somos iguales ni podemos ser igualados. Se confunde la idea de la igualdad en derechos y oportunidades con el igualitarismo. No todos los trabajos pueden ser considerados iguales a efectos de productividad y salarios, y tampoco todos los ciudadanos pueden llegar a tener la misma situación social por su sola condición de ciudadanos. Somos iguales en derechos, pero no en privilegios ni en el estatus que podamos alcanzar en virtud del esfuerzo personal o de las circunstancias sociales, económicas o políticas.
Esa igualdad se da, en realidad, sólo en cuanto a la situación legal básica, pero incluso en lo que respecta a la aplicación de leyes, los altos cargos del estado están sometidos a muchas más disposiciones legales que el ciudadano corriente y gozan, por otra parte, de ciertas ventajas, incluso de inmunidad, aunque en este aspecto ya ha habido cambios en el pasado, pero aún así es necesaria la anulación de la inmunidad por el parlamento.

En este sentido, la máxima representación del estado, que en nuestro caso es la del Rey y la Familia Real, no es igual a todos los demás ciudadanos, ya que el Rey y su Real Familia son los primeros ciudadanos del país por su posición y su importancia.


Los Reyes representan, asimismo, el lazo con la historia del país en la que se funda su legitimidad dinástica (han sido pocas las Monarquías electivas y éstas han tenido una duración limitada). Sólo la trayectoria histórica de cada dinastía justifica el carácter hereditario de su acceso a la Corona y garantiza la adhesión del pueblo y su identificación con el Rey. La encarnación del estado en la figura del Rey y, por consiguiente, en la de la Familia Real es lo que hace visible y humano al estado representado en forma de símbolos, ceremonias y una serie de funciones que acompañan las actividades públicas de la Corona y que difícilmente puede alcanzar una república representativa como, por ejemplo, Alemania o Italia.

En este sentido, la Consagración de la Corona tras la Proclamación del Rey debe ser vista como un enaltecimiento de los altos valores de la Monarquía que siempre deberían seguir presentes en la vida política del país y que tan acertadamente recalcó Su Majestad el Rey en su discurso de la proclamación.


Discurso de la Proclamación de S.M. el Rey
Homilía de la coronación del Cardenal Tarancón