3 años 3, la constitucionalidad del estatuto tratada al revés

Han pasado ya más tres años desde que se aprobara el Estatuto de Autonomía de Cataluña por referéndum el 19 de junio de 2006, aprobado por un 75% con una participación de algo menos de la mitad de los ciudadanos catalanes con derecho a voto.

Dicho estatuto está en vigor desde entonces, pero con el defecto de que algunas de sus disposiciones podrían ser inconstitucionales al excederse en sus atribuciones al gobierno autonómico y al parlamento de Cataluña y por contener definiciones no permitidas por la Constitución.

A pesar de que se trata de un texto legal fundamental para el funcionamiento de la comunidad autónoma catalana, siendo el estatuto inmediatamente inferior a la Constitución, lo que no se entiende es que el Tribunal Constitucional no haya tomado ya una decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus disposiciones. Gráfico: Los resultados del referéndum sobre el estatuto en 2006.

En lugar de ello, tanto el gobierno tripartito de Cataluña como el gobierno central intentan desesperadamente forzar una decisión al cien por cien favorable al estatuto de autonomía, sobre todo por saber que algunos de sus preceptos no tienen cabida en el orden constitucional de España. Y por lo que parece, en el Tribunal Constitucional trabajan más en conseguir mayorías a favor y en contra que en definir qué aspectos del estatuto son contrarios a la Constitución. Se supone que los altos magistrados son máximos expertos en materia de derecho constitucional, por lo que debería ser muy fácil para ellos reconocer y definir los defectos del estatuto y encontrar los fundamentos de derecho que motivarían una decisión al respecto.

Lo que es completamente inaceptable es que priman las fuerzas políticas en el alto tribunal y no las consideraciones objetivas. Tampoco es aceptable que fuerzas políticas con intereses concretos como el favorecimiento de tendencias separatistas se permitan presionar a los jueces para decidir de acuerdo con dichos intereses políticos y no conforme a lo que establece la Carta Magna.

Como único partido sensato, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía se ha concentrado este fin de semana ante el Tribunal Constitucional en Madrid para exigir que se dicte de una vez una sentencia sobre el estatuto.

En este sentido, Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía condena cualquier campaña organizada para presionar a los miembros del TC, especialmente cuando estas presiones provengan de ciertas personas que sean representantes del estado.

Doña María Victoria Longares, coordinadora de la Agrupación de Madrid de Ciudadanos, afirmó en dicha concentración que “este acto no se enmarca en una protesta en contra del Tribunal Constitucional, si no en apoyo de éste”, y que “no es nuestra intención ni queremos presionar al Tribunal. Queremos recordarles la responsabilidad que contraen con esta dilación, pues -al no haberse adoptado medidas cautelares previas- ya se está legislando como si el Estatut fuera plenamente constitucional”.

En el mismo sentido se manifestó Soledad Monforte, coordinadora en funciones de la Federación Centro de Ciudadanos, afirmando que “Ciudadanos rechaza cualquier intento de influir en el contenido de la sentencia del Tribunal, en un sentido o en otro, al contrario de lo que se está haciendo desde el nacionalismo y el socialismo catalán.

Respetamos las reglas del juego democrático, y acataremos y respetaremos la sentencia que finalmente se dicte, aunque, como es lógico en cualquier sistema democrático, expresaremos cuando llegue el momento nuestra opinión sobre la misma, al igual que harán el resto de fuerzas democráticas y medios de comunicación. Asimismo exigimos al resto de los partidos políticos el mismo respeto.

El hecho de que la sentencia se retrase, junto con la falta de prudencia del Gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña y del Gobierno de la Administración Central española, que están aplicando el Estatuto y aprobando leyes basadas en el mismo, está llevando a una política de hechos consumados, que además generará conflictos en el caso de que la sentencia declare que parte del Estatuto no se ajusta al texto constitucional.”

Mientras tanto, otros partidos como el Partido Popular, que desde hace año y medio prefiere hacer la pelota a los partidos nacionalistas, no parecen interesarse para nada por la independencia del alto tribunal. Sólo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía transmite al Tribunal Constitucional su inquietud ante el retraso en la sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto Catalán, y le anima, desde la más profunda lealtad a la institución, a que resuelva cuanto antes los recursos presentados. Foto: El PP convertido al nacionalismo en la Diada de 2008.

En palabras de Soledad Monforte, “Ciudadanos acatará, como no puede ser de otra forma, la sentencia del Tribunal. Sin embargo, desde el respeto a su legitimidad, considera que, después de 3 años de espera, una mayor demora en su pronunciamiento erosionaría gravemente el prestigio del propio Tribunal Constitucional y perjudicaría a la sociedad española, que no puede ni debe continuar por más tiempo en un marco de inseguridad jurídica y competencial.”

Es de esperar que se llegue de una vez por todas a una sentencia sobre el Estatuto y que el Tribunal Constitucional reafirme su independencia estableciendo claramente cuáles de los artículos del estatuto no se ajustan a los preceptos constitucionales, por lo que deberán ser modificados. Nopuede ser que se siga con la actitud del avestruzcon tal de no "ofender" a los nacionalistas separatistas. Se trata, en fin, de defender a España y su unidad y no dar pie a movimientos independentistas. Foto: Las quemas simbólicas de la Constitución por los nacionalistas deberían ser un motivo más para una decisión severa e independiente del TC.

El mejor ejemplo es el referéndum de Arenys de Munt (Barcelona), donde hoy se ha celebrado una consulta popular sobre la independencia de Cataluña, cuando ni es competencia de un ayuntamiento celebrar tales consultas que afectan a todo el estado ni es legal que lo haga, ya que la consulta ha sido prohibida por la Justicia en virtud de la correspondiente denuncia que presentó Ciudadanos contra su celebración. Para colmo intentan confundir a la opinión pública criticando que se autorizara una manifestación de Falange Española en dicho municipio, cuando no es lo mismo el derecho a manifestarse conforme a la ley o celebrar consultas populares cuya convocatoria es claramente competencia del gobierno nacional o del Congreso. Foto: El Ayuntamiento de Arenys de Munt, en la ilegalidad más absoluta. Para imponer criterios sectarios ¿vale todo? La ley debe ser respetada por todos.