Estos días se ha levantado una gran polémica en relación con el papel que debería jugar Su Majestad el Rey de España en casos como él de la señora Haidar y que ha supuesto para el ejecutivo español un serio problema al ser incapaz de resolver la situación creada a partir de la negativa de Marruecos de permitir que la señora Haidar vuelva a su país y decidir ésta entrar en huelga de hambre para forzar al gobierno marroquí que evite un desenlace fatal.
Resulta a primera vista más que curioso que sea precisamente Izquierda Unida el partido que haya pedido la intervención del Rey, tratándose de un partido republicano que intenta por todos los medios desprestigiar a la Monarquía o de involucrarla en debates de desgaste para demostrar que la institución monárquica no sirve para nada.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha explicado que mandaron la carta al Rey porque se lo pidió la plataforma de apoyo a la activista de derechos humanos el 3 de diciembre, en su segunda visita al aeropuerto de Lanzarote, donde permanece Haidar.
En una entrevista de En Días Como Hoy de RNE, Lara ha respondido que "lo cortés no quita lo valiente" y que no tuvieron inconveniente "porque lo que está en juego es la vida de una persona con una firmeza tremenda".
El coordinador de IU ha afirmado que la propia Haidar le llegó a explicar en persona que está "dispuesta a llegar hasta el final" a pesar de sus dos hijos, "que pueden vivir sin su madre pero no sin dignidad".
La Casa Real les respondió el pasado 9 de diciembre transmitiendo la disposición del Rey a mediar cuando el Gobierno considere que es el momento oportuno. La Moncloa también ha recordado a IU que el único interlocutor con Marruecos en el caso Haidar es Moratinos.
Exactamente, la misiva firmada por el jefe de la Casa de S.M. el Rey, Alberto Aza, era la siguiente:
"Como sabe, corresponde al Gobierno la dirección de la política exterior. Desde el respeto a esa facultad constitucional Su Majestad siempre ha mostrado al Gobierno su disposición para realizar las gestiones necesarias en aplicación a dicha política.
El Gobierno considera que no es el momento oportuno para gestiones complementarias del Rey.
En este sentido, el Gobierno está llevando a cabo los contactos diplomáticos necesarios para solucionar la situación que está sufriendo la señora Haidar, si bien considera que no es el momento oportuno para la realización de gestiones complementarias por parte de Su Majestad".
Parecen obvias las malas intenciones de Izquierda Unida. Lara recurre a un asunto humanitario para crear polémica, involucrar al Rey en un asunto de gestión política y dejar en evidencia la posición del Rey.
Nos encontramos ante una situación compleja:
Por una parte queda patente -nuevamente- que el gobierno no es partidario de una clara separación de poderes. Es un poco difícil entender -aunque la experiencia ha demostrado que es así- que el Jefe del Estado esté sometido al poder ejecutivo, cuando por lógica y jerarquía el Jefe del Estado debe quedar en una posición superior al ejecutivo y, por tanto, poder decidir por sí mismo si es conveniente o no que intervenga personalmente en situaciones concretas.
Su Majestad el Rey no sólo tiene una trayectoria que es garantía suficiente para su buen hacer y su buen criterio a la hora de hacer valer su prestigio personal en la solución de conflictos, sino que su peso como Rey y Jefe de Estado y la alta consideración que tiene entre los reyes de los países árabes puede contribuir a resolver un conflicto que el gobierno ha llevado a un callejón sin salida.
Hubo otras ocasiones en las que S.M. el Rey ha tenido que intervenir por la incapacidad manifiesta del ejecutivo de manejar la situación. Recordemos la delicada situación de España creada por Zapatero por su falta de respeto a la bandera de los Estados Unidos, o aquella otra que surgió en relación con el suministro de gas desde Argelia. El caso Haidar es sólo un ejemplo más.
La Casa de S.M. el Rey sólo tiene razón en parte cuando dice que el asunto es competencia exclusiva del ministro de asuntos exteriores Moratinos. Precisamente las gestiones infructuosas y torpes del ministro han llevado a una situación que parece no tener solución y deja entrever la incomodidad del gobierno al tener que actuar con urgencia. Realmente no queda muy claro cuál es la verdadera intención del gobierno o cuál es el problema de fondo que impide resolverlo. Y ante tales situaciones, sólo queda la intervención del Rey como mediador en el conflicto de intereses.
Está claro que técnicamente se trata de un problema entre una ciudadana marroquí y su país de origen. Por encontrare ésta en territorio español al querer volver a su país, se ha visto afectado el gobierno de España.
Pero el trasfondo de la cuestión es el antiguo Sáhara Español y el escaso interés del gobierno español de seguir defendiendo la celebración de un refernedum de autodeterminación en el Sáhara que lleva ya pendiente desde el mismo momento en que España entregó el territorio a Marruecos a consecuencia del cambio de régimen en España y la amenaza de la Marcha Verde y de una guerra inminente con Marruecos por esta antigua colonia española.
La ambigüedad del gobierno en el asunto saharauí es la que le impide al gobierno tomar una determinación. Por una parte quiere seguir dándose la imagen de estar con el pueblo saharauí, pero por otra no quiere fastidiar sus relaciones con Marruecos, unas relaciones que no se sabe muy bien si realmente existen o en las que no queda claro qué tipo de política persigue España.
Pero lo que sí queda claro es que ante la situación creada por el mismo gobierno de Marruecos sólo cabe ya una mediación del Rey. Siempre se ha dicho que el único poder que tiene el Rey es el poder moderador, y precisamente por su prestigio y su peso como Rey es la persona más indicada para mediar en conflictos de esta índole.
El Rey no puede entrar en conflicto con el gobierno al plantear gestiones personales ante el Rey de Marruecos, porque tales gestiones tienen que estar coordinadas. Las intenciones de Izquierda Unida en este asunto son a todas luces malévolas. Lara debe saber perfectamente que la posición de la Casa Real no es independiente y que no puede actuar sin coordinación con el ejecutivo.
Tal vez la polémica sirva para reflexionar sobre el estado en que se encuentra la división de poderes en España, pues ya quedó manifiesta la precariedad de ésta en asuntos de la Justicia. El gobierno parece controlar absolutamente todos los poderes del estado y no dejar que cada poder decida por sí mismo lo que puede y debe hacer dentro de sus atribuciones constitucionales.
Como reclama muy acertadamente la Asociación Monárquica Europea, es preciso defender la independencia de la Corona de los intereses partidistas de cualquier índole y que ejerza su función moderadora en el caso de conflictos sociales, políticos y diplomáticos en los que el ejecutivo se muestra incapaz de encontrar soluciones, pero siempre con el objetivo de encauzar las posibles negociaciones y limar asperezas. Es precisamente la independencia de la Corona de toda gestión política de gobierno lo que da un valor supremo a la institución monárquica, y así debe seguir siendo. Veo con recelo las intenciones de Izquierda Unida, un partido demasiado interesado en polemizar y desestabilizar a la Monarquía.
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