Cuando algunas minorías radicales en posiciones de poder quieren conseguir lo que nunca han conseguido por los cauces legales, intentan poner al conjunto de los ciudadanos ante hechos consumados, sin que importe que con ello se salten todo el ordenamiento jurídico y constitucional vigente.
La situación se agrava aún más cuando las máximas instituciones del estado están sumidas en la más absoluta pasividad ante los atropellos de la ley y omiten cualquier actuación para restablecer el orden.
Lo más triste del asunto es que la prensa en general se presta a dar publicidad a hechos presumiblemente delictivos. Así algunos llaman esta jornada "histórica" para Cataluña al ser 166 pueblos de 29 comarcas catalanas que consultan a sus ciudadanos -700.000 empadronados mayores de 16 años- sobre si quieren o no la independencia de Cataluña: ¿Está de acuerdo que la nación catalana se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?
Esta pregunta en sí es bastante cínica, ya que los convocantes de las consultas se saltan a las reglas del estado de derecho, democrático y social que es el Reino de España. Además, dan por hecho que la Unión Europea aprobaría la escisión de Cataluña de España, con la cual se iniciaría sin duda la balcanización de la península, con el desorden subsiguiente en todos los ámbitos.
En este sentido llama la atención que para garantizar la transparencia de las consultas, éstas serán "supervisadas" por 19 observadores internacionales y 10 representantes políticos gallegos y vascos, es decir, los observadores proceden de movimientos políticos radicales separatistas y no tienen ningún valor como tales, entre otras porque se trata de "consultas populares" ilegales.
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El pasado 13 de septiembre se celebró la primera de estas consultas en el municipio de Arenys de Munt (Barcelona) -con sólo un 33% de participación-, un porcentaje a todas luces insuficiente para tomar una decisión tan importante como la que se propone. Está claro que sólo participaron los partidarios de la independencia, quedando a la vista que el 67% no aprueba en absoluto una hipotética independencia de Cataluña. Es más: Ni les interesa el tema, igual que no interesó a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña la reforma del Estatuto de Autonomía, en cuyo referendum participó ni la mitad de los catalanes con derecho a voto, siendo mínimo el porcentaje de los que se leyeron el texto legal en cuestión.
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La posición del Gobierno respecto de las consultas es titubeante. Según palabras de Zapatero, "objetivamente no van a ningún sitio". La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega constató que carecen de validez y no tienen consecuencia jurídica alguna. Puede ser, pero está claro que el efecto mediático y la consiguiente proyección internacional de España, así como la convivencia en Cataluña pueden sufrir seriamente ante este nuevo intento de desestabilización por parte de los nacionalistas catalanes. También es preocupante la permanente inacción del Tribunal Constitucional, que debería defender a capa y espada la Constitución e impedir las consultas ilegales.
Como avanzadilla, Sant Jaume de Frontanyà (Barcelona) ya celebró ayer la primera de estas consultas, y se le concede hasta un valor simbólico, cuando se trata de un pueblecito con sólo 24 habitantes, 21 con derecho a voto, 3 menores-. Dicha población se ha mostrado partidaria de la independencia, con 18 a favor de los 19 votos emitidos. Su alcalde, Ramon Vilalta, tildó la jornada de "éxito fabuloso" y recordó a Zapatero, en declaraciones a Europa Press, que la llama del independentismo se extenderá a partir de las consultas soberanistas que servirán para "ampliar la conciencia" de los catalanes. ¿Un pueblo de 24 habitantes puede hacer tambalear todo un orden constitucional?
En total, las consultas soberanistas contarán con un dispositivo de 252 'colegios', 564 mesas y unos 15.000 voluntarios repartidos a lo largo de la geografía catalana. La coordinadora de las consultas facilitará durante la jornada datos de participación e incidencias. En paralelo, la plataforma 'Osona decideix' hará su particular seguimiento de las consultas de sus 35 municipios desde el seminario de Vic (Barcelona), por donde está previsto que pasen varios dirigentes de CiU y ERC para valorar el seguimiento de las votaciones.
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Es triste que el presidente del FC Barcelona utilice su posición de presidente de un club deportivo para hacer política y apoyar el independentismo. Tanto él como los cargos públicos electos que estén apoyando activamente la celebración de las consultas ilegales deberían ser inhabilitados por no respetar la ley. Todos somos iguales ante la ley, al menos según la Constitución. ¿Cómo es posible que altos cargos de diferentes instituciones puedan saltarse la ley impunemente?
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