
Un ciudadano español de Cataluña tiene un pequeño negocio familiar inmobiliario. Todos sus carteles, contratos, publicidad, etc., están en castellano. La Constitución Española le ampara en el uso de la lengua oficial del estado al que tiene derecho en todo el territorio nacional.
Un vecino suyo le denunció de forma anónima a las oficina de "Delación Lingüística" dependiente de la Generalidad. Se trata de un organismo al estilo de las antiguas chekas soviéticas, del Ministerio de Seguridad del Estado germano-oriental o de la Gestapo (Policía Secreta del Estado del nacionalsocialismo alemán).
Dicho

En Cataluña, si uno pone TODO en catalán, no pasa nada. Si se combinan ambas lenguas oficiales (el catalán y el español), tampoco pasa nada. Pero si a uno se le ocurre poner todo en español (que según el artículo 3 de la Constitución es la lengua oficial de todo el estado español) se incurre en vulneración de los derechos lingüísticos del consumidor, con la particularidad de si todo está en catalán no se presume ninguna vulneración de dichos derechos, a pesar de que la Constitución especifica que todos los ciudadanos españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar la lengua española.

Resulta inconcebible que el hecho de usar la lengua oficial de España en Cataluña para dirigirse a los clientes potenciales exclusivamente en la lengua de todo el territorio nacional constituya un hecho sancionable, una infracción de la ley. La medida represora y totalitaria del gobierno autónomo catalán no es sólo anticonstitucional, sino limita claramente la libertad individual y la libertad empresarial. Un empresario es muy libre de dirigirse a un público concreto (en este caso a todos los clientes potenciales que tengan la lengua española como propia y habitual), y ningún organismo del estado tiene el derecho de limitarle en ese derecho. Si no vende usando una lengua concreta, ya se adaptará a las necesidades del mercado, pero en este caso concreto no parece que el uso exclusivo del español como lengua vehicular suponga ningún perjuicio para el empresario, sino más bien todo lo contrario.

Una lengua no puede ser impuesta. Cada ciudadano es libre de expresarse en la lengua con la que creció, con la que se desenvuelve y con la que le dé la gana de expresarse, sin que ninguna autoridad del estado pueda imponerle el uso de una lengua que ni usa ni domina.
Lo más llamativo del presente caso es que no se cuestiona la profesionalidad o el servicio del empresario, sino que no puede utilizar libremente una de las 2 lenguas cooficiales en Cataluña, España, sino que se le obliga a usar una de las dos, la minoritaria que menos clientes potenciales usan, entienden o dominan.

España ha dado otro gran paso para deshacerse de los últimos flecos de libertad y democracia permitiendo a gobiernos autónomos totalitarios saltarse la Constitución a la torera e imponer sanciones a ciudadanos que no hacen otra cosa que ejercer sus derechos constitucionales.
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.