La crisis financiera de los países de la Unión Europea ¿en un callejón sin salida?

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Con la llegada del fin de año y en vísperas del año nuevo, lo que se impone es analizar lo ocurrido en el año que acaba y las medidas que se deberán tomar para que el año entrante tenga mejores resultados.

Sin duda alguna, 2010 ha estado marcado por la crisis financiera y económica, especialmente en los países del sur de Europa, que desde la primavera pasada no hacen más que alabarismos para salvarse de la quiebra, que por otra parte parece inevitable por muy hábiles que sean los gobernantes en la ejecución de sus acrobacias financieras.

Ya en mayo, cuando la Unión Europea decidió crear un fondo de rescate de unos 750.000.000 euros, del que Alemania tuvo que hacerse cargo con unos 450.000.000 euros, argumentando cara a sus ciudadanos que sólo se trataría de avales, la situación creada por Grecia se hacía insoportable.

Lo que menos se entiende es que desde la creación del Euro como moneda común de por ahora 15 países, el Banco Central Europeo (BCE) haya omitido la aplicación de mecanismos de control de los gastos públicos de los países miembros de la Eurozona. Esta circunstancia ha propiciado que países tan pícaros en asuntos de finanzas públicas como Grecia, España y Portugal hayan gastado a lo loco, acostumbrándose al despilfarro y a la corrupción, falsificando incluso la documentación -con la ayuda de bancos americanos muy implicados en la crisis financiera de 2008-, como ha sido el caso de Grecia, sin que el BCE considerase necesario controlar el buen gobierno de las finanzas públicas con el fin de salvaguardar la estabilidad económica y monetaria de la Eurozona.

Tras nueve años de vida efectiva de la moneda única (si no contamos su introducción virtual en 1999), lo que ha quedado a la vista es que países tan diferentes entre sí en mentalidad y en tejido industrial y económico no se pueden regir por los mismos principios y no ofrecen ventajas competitivas teniendo una moneda común.

Las economías nacionales de Alemania, Austria y Francia nada tienen en común con las de España, Portugal o Grecia.

Otro aspecto diferenciador es que países como Irlanda o Luxemburgo hayan aplicado políticas fiscales muy diferentes a los países que más peso tienen en la economía europea. Como ha quedado demostrado, una política de baja fiscalidad para las empresas como la aplicada en Irlanda llevan a la larga a desajustes graves que ponen en riesgo la estabilidad financiera de un país. Irlanda se ha beneficiado durante décadas (desde los años ochenta) de su atractivo como domicilio fiscal de muchas empresas y entidades financieras, creando mucho empleo. Pero, por otra parte, las ganancias hechas por las empresas multinacionales no se corresponden con las finanzas del estado, ahora insuficientes para hacer frente a los gastos del estado irlandés y para garantizar la estabilidad del sistema financiero del país.

Desde mayo, por medio del fondo de garantía del BCE, avalado en su mayor parte por Alemania, el BCE ha comprado la mayor parte de la deuda pública emitida por los cuatro países más afectados por la crisis, como son Irlanda, Grecia, España y Portugal. 

Si tenemos en cuenta que, en el fondo, el BCE es el banco central matriz de los bancos centrales nacionales, devenidos en sucursales del mismo al perder su función de bancos emisores de moneda, el banco central europeo compra la deuda pública emitida por sus bancos sucursales en las naciones afectadas. ¿Desde cuándo un banco central compra su propia deuda pública? Porque al fin y al cabo es lo que ocurre.

Si partimos de la base de que la deuda pública de cada país nada tiene que ver con el banco emisor de la moneda europea y que cada tesoro nacional es independiente a la hora de disponer de sus recursos (que no son más que deudas más intereses cubiertos por los ingresos fiscales y, tal vez, por el tejido industrial y la capacidad productiva generadora de riqueza de la industria de cada país, quedando la cobertura en entredicho cuando el endeudamiento supera los ingresos, como es el caso en los países afectados, pero también en él de los considerados países ricos), no es menos preocupante que todos los países refinancian su deuda (es decir, emiten nueva deuda pública para poder pagar los bonos del estado que vencen, pagando mayores tipos de interés al bajar su solvencia a causa de su endeudamiento excesivo) con métodos precarios, comprometiendo cada vez más la viabilidad de la refinanciación de bonos a punto de vencer.

La canciller Merkel vendía a sus ciudadanos como menos arriesgado que Alemania concediera avales para el fondo de garantía europeo destinado a salvar las endebles finanzas de los países del sur de Europa y de Irlanda. Pero los avales se ejecutan cuando el avalado no puede pagar, y ésta es la situación inminente en Grecia, España, Irlanda y Portugal. La consecuencia será que los países avalistas tienen que desembolsar 750.000.000 euros para salvar a los países arruinados, sin expectativas de recuperar a medio plazo el dinero prestado a la fuerza, lo que supondrá un endeudamiento adicional de los países avalistas, lo que a su vez perjudicará la solvencia de éstos y aumentará el coste de la refinanciación de su propia deuda pública. Porque no nos engañemos: Por muy fuerte que sean las economías de Alemania y Francia, sus gobiernos han sido igualmente irresponsables a la hora de endeudar a sus países por los excesivos gastos sociales destinados a subsidios para parásitos sociales y misiones en el extranjero que nada aportan a sus países ni a la Unión Europea en general.

La situación creada desde mayo acabará en un agotamiento de la capacidad de aguante de la moneda europea. Desde entonces la Eurozona se arrastra mes a mes comprando bonos de países insolventes, lo que no sólo no soluciona la situación económica en Europa y especialmente en los países afectados, sino que agrava el impás en el que se encuentran éstos por su falta de competitividad a causa de la inadecuación de sus precios y costes para poder mantener y ampliar su atractivo como emplazamientos productivos o destino de inversiones en general. Desde el verano se produce una huida masiva de inversores de España.

La ruina de las finanzas públicas conlleva, además, un deterioro de las infraestructuras por la incapacidad de inversión del estado, lo que resta aún más atractivo para inversores. La falta de expectativas de trabajo y promoción produce asimismo una huida de mano de obra cualificada.

¿Cuál será la solución? Seguramente la salida del euro de todos los países económicamente más débiles, aunque sea a costa de una mayor inflación unida a una paulatina devaluación de las monedas nacionales, lo que causará a corto y medio plazo una pérdida considerable del valor de los ahorros. La única ventaja podría ser que se gane en competitividad  al no estar sujetos a una política monetaria común. 

Por otra parte, la salida del euro de varios países supondrá a la larga la desaparición de la moneda única, ya que no será viable por más tiempo al querer volver cada país a su propia política monetaria y financiera. Con ello habrá fracasado la Unión Europea, no por último a causa de una sobreburocratización y un sistema normativo ininteligible que no ha hecho sino restar soberanía e independencia a los países miembros, en lugar de simplificar la administración y servir en primer lugar a los ciudadanos y no a los burócratas.

Durante el primer semestre de 2011 veremos cómo evolucionará la situación de los países en riesgo de quiebra de sus finanzas públicas. Pero el panorama no es nada halagüeño. A veces es mejor cortar por lo sano, porque un cambio radical puede tener como resultado una mejora rápida de la situación, mientras que seguir arrastrando el mal funcionamiento del sistema actual sólo empeorará aún más una situación ya de por sí insostenible.