Los mismos que nos cuentan que es necesario incrementar la edad de jubilación, porque si no el pago de las futuras pensiones no quedará asegurado, son los que hacen todo lo posible por arruinar las arcas del estado.
No sólo han gestionado el estado o las comunidades autónomas con mayor o menos desacierto -a la vista está que el país no sale de la crisis y que la calidad de vida en España no hace más que bajar- sino también y sobre todo se adjudican elevadísimas sumas de pensiones transitorias y pensiones vitalicias, unidas al acceso a cargos que les aportan altísimas retribuciones por no hacer nada de mayor utilidad para el pueblo y el estado. Es una situación muy parecida a las prebendas que recibían en la edad media y también en tiempos más modernos nobles y alta burguesía para asegurarles una buena vida mientras vivían. Y esta situación es más o menos la misma en todos los países europeos.
Así resulta que no sólo los ex presidentes del Gobierno como José María Aznar y Felipe González gozan de privilegios en forma de sueldos vitalicios o contratos millonarios por sentarse en el consejo de administración de una multinacional. el paso por la presidencia de una comunidad autónoma puede ser también un auténtico chollo.
El afortunado más reciente es el anterior presidente del gobierno autonómico catalán José Montilla, quien cobrará más de 9.600 euros al mes durante los próximos cuatro años por su condición de ex presidente de la Generalidad, y percibirá unos 100.000 euros anuales de por vida a partir de los 65 años. En caso de fallecimiento, su esposa, Anna Hernández -que llegó a ocupar, según CiU, hasta 15 cargos públicos-, recibirá el 50% de esa cantidad.
Mientras que los jubilados corrientes no pueden ingresar retribuciones complementarias sin que ello pueda afectar a sus pensiones ganadas durante décadas con su trabajo y sus cotizaciones, el estatuto de los ex presidentes del Gobierno, aprobado en 1983 por el primer ejecutivo de González y reformado en 2008 por José Luis Rodríguez Zapatero, no establece ninguna incompatibilidad entre ese sueldo vitalicio que pagan las arcas públicas -unos 70.000 euros anuales- y los eventuales ingresos procedentes de empresas privadas. De ahí que no haya ningún obstáculo legal para que, como reveló el pasado martes en exclusiva El Confidencial, Aznar cobre hasta 300.000 euros anuales tras su fichaje por Endesa como asesor externo y González se embolse 126.000 euros como consejero independiente de Gas Natural, cuando lo lógico sería que tuvieran que renunciar a sus pensiones especiales al percibir sustanciosos ingresos extraordinarios.
Tampoco la Ley del Estatuto de los ex presidentes de la Generalidad, impulsada en 2003 por Jordi Pujol, impone ningún tipo de restricción entre ingresos públicos y privados a los ex inquilinos del Palacio de San Jaime. Pero éstos disfrutan de prebendas incluso más ventajosas que los ex presidentes del Gobierno. Montilla, por ejemplo -que renunció al escaño tras su derrota en las urnas-, cobrará durante los próximos cuatro años el 80% de su salario como president, que ascendía a 169.456 euros anuales; es decir, más de 9.600 euros mensuales, una vez descontado el 15% que se rebajaron todos los cargos públicos. Y cuando cumpla los 65 años percibirá el 60% de su sueldo en la Generalitat, o sea, algo más de 100.000 euros anuales con carácter vitalicio.
Pero no acaban ahí los privilegios. Si Montilla falleciese, su viuda también tendría derecho a una paga de por vida, aunque en este caso equivalente a la mitad de la que cobraba su marido; es decir, 50.000 euros anuales, compatibles con la pensión pública de Anna Hernández. Y si ésta también muriese, los beneficiarios serían los hijos menores hasta que alcancen la mayoría de edad.
Tras el revuelo provocado por la entrada de Aznar y González en los consejos de administración de Endesa y Gas Natural, respectivamente, el secretario general de FAES -el think tank del PP que preside el propio Aznar-, Jaime García-Legaz, se mostró ayer partidario de abrir el debate sobre el sueldo vitalicio de los ex presidentes del Gobierno y si éstos pueden compatibilizar esa paga con ingresos privados. García-Legaz -que también es diputado- no sólo admite que ese debate "se puede plantear en cualquier momento", sino que apuesta por acabar con el privilegiado régimen de pensiones de los parlamentarios, que con sólo 12 años en el Congreso o el Senado ya tienen derecho a cobrar el 100% de la pensión. "Los diputados tendríamos que tener exactamente el mismo régimen de pensiones que cualquier ciudadano", afirmó.
¿Y los ex presidentes autonómicos? No todos disfrutan los mismos privilegios que Montilla. En Navarra, por ejemplo, Miguel Sanz tendrá derecho a una mensualidad nada más cesar en el cargo y a un máximo de 24 mensualidades posteriores. Pero ni podrá compatibilizar esos emolumentos con ingresos privados ni tampoco percibirá un salario de por vida. En Extremadura sí cobran sueldos vitalicios, pero el único ex presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, renunció a él.
Siguiendo el ejemplo de Rodríguez Ibarra, José María Barreda ha prometido renunciar a sus derechos como ex presidente cuando deje la Junta de Castilla-La Mancha. Su compromiso contrasta con su voto en las Cortes regionales, donde los socialistas han rechazado la propuesta del PP para eliminar por ley estos privilegios. Su antecesor en el cargo, José Bono, disfruta de una oficina, dos personas de apoyo, vehículo, conductor y servicio de seguridad.
Los ex lehendakaris -el último, Juan José Ibarretxe- poseen los mismos derechos que los castellano-manchegos, pero obtienen además una indemnización de 8.000 euros al dejar el cargo y durante un año reciben el 40% de su salario. Los privilegios continúan en la jubilación, cuando gozan del 50% del sueldo de presidente.
Para los ex presidentes andaluces está previsto que, al llegar a los 65 años, perciban una asignación mensual igual al 60% de su sueldo. El socialista José Antonio Griñán cobra en la actualidad 68.891 euros, por lo que recibirá al jubilarse 41.334 euros. Asimismo, "con carácter inmediato a su cese", Griñán dispondrá de servicios de seguridad y de "los medios personales y materiales necesarios" para mantener una oficina, incluida la "dotación presupuestaria" para su funcionamiento y atenciones protocolarias.
En Galicia, el bipartito de PSOE y BNG sólo gobernó durante una legislatura, pero tuvo tiempo de mejorar el estatus de los ex presidentes, que pasan a ingresar en el Consejo Consultivo, una especie de Consejo de Estado propio de la comunidad autónoma, con un sueldo de 67.000 euros. En cuanto a las compensaciones económicas, cobran durante dos años una indemnización por dejar el cargo y, durante 10 años más, disfrutan de diversos medios y servicios a cargo de la Xunta.
Y es que dejar el poder resulta más dulce o menos amargo con este tipo de legislación, a diferencia de lo que sucede en Aragón, Cantabria, Murcia o Baleares, donde todavía no está regulado el papel de sus ex mandatarios.
Lo que no resulta de recibo ni mucho menos democrático es que los políticos que hayan ocupado altos cargos en el gobierno nacional o autonómico reciban de por vida altas remuneraciones, a parte de los chollos de las conferencias pagadas con honorarios muy elevados, cuando al dejar su cargo y su escaño deberían volver a la vida normal. La democracia no está para seguir alimentando a costa de los contribuyentes a personas que ya no ocupan cargos públicos al haber sido sustituidos por otros. Que tengan ciertos privilegios se puede entender hasta cierto punto mientras que ejercen las funciones para las que fueron elegidos, pero no después. Y esto no sólo es así en España. En Alemania, por ejemplo, todos los ex presidentes de la república siguen manteniendo despacho, coche oficial y secretaria hasta el fin de sus días, al igual que los cancilleres federales. Actualmente hay por lo menos tres ex presidentes con estas prebendas que siguen incluidos en ciertos protocolos del estado. El ex canciller Schröder es, desde que dejó el cargo de primer ministro, consejero de la compañía rusa Gazprom, con despacho en Liechtenstein, sin que ello suponga una merma para sus prebendas como ex gobernante del país.
El caso más sangrante de los últimos meses ha sido, a parte de Montilla, la recompensa que la Vicevogue ha recibido por los servicios prestados. Fue nombrada miembro del Consejo del Estado, un gremio que no se sabe muy bien para qué sirve (se supone que asesora al gobierno), que no parece regirse bajo un control democrático, pero que asegura de por vida un buen sueldo a sus integrantes.
Entrada basada en parte en la información publicada por El Confidencial
