Desde mi punto de vista, las fusiones de las cajas de ahorros han sido un error grave, algo así como la última medida del gobierno socialista para incrementar los nefastos efectos de su mala gestión de la economía y de la crisis.
En primer
lugar, el problema no es el tamaño de las entidades, un argumento que
siempre se esgrima, sino el funcionamiento mismo de las cajas.
Antiguamente, las cajas de ahorros estaban pensadas para ofrecer
servicios bancarios a los ciudadanos normalitos, sin grandes
patrimonios, de darles préstamos y mejorar sus condiciones de vida de
esta forma. Eran entidades de cercanía, de ámbito municipal y
provincial. Posiblemente, el primer error fue permitir a las cajas
expandirse más allá de sus límites geográficos originales, y así
entraron en competencia entre ellas. La competencia no es mala si sirve
para diversificar la oferta y obligar a prestar mejores servicios. Pero,
en realidad, las cajas se convirtieron en instrumentos del poder
político, a la vez que comenzaron a hacerse la competencia en unos servicios que sólo manteniendo su carácter particular y la limitación geográfica de las entidades podían competir con la banca comercial. Antaño, las cajas de ahorros se prestaban servicios entre ellas, precisamente por su carácter local.
Otro error fue entregar su control a los gobiernos de turno
del lugar de su sede social, algo que implica dos problemas: Las
entidades no son dirigidas siguiendo criterios profesionales y financieros,
sino siguiendo criterios de interés político. Además, su expansión por toda
España es contradictoria con que siguieran siendo feudos de los
políticos de sus respectivas sedes sociales, es decir, los políticos
gobernantes de una comunidad autónoma o de unos ayuntamientos concretos llegaron a controlar a una macrocaja que actuaba
en toda España. Pensemos sólo en La Caixa, Unicaja, Caja de Madrid o Caja de Cataluña. Si se parte del principio de la legitimidad del control
político sobre las cajas en función de su ámbito de actuación, si se
establece fuera de su ámbito original no se entiende muy bien que un
político andaluz decida sobre la política comercial en Castilla, o uno
catalán sobre la que se aplica en Andalucía, etc.
Al margen de este sistema, que no recuerdo muy bien en qué momento llegó a este exceso que conocemos, porque cuando eran cajas de ámbito municipal o provincial nunca se oía hablar tanto de las cajas, ha sido un error que las cajas se dejaran en manos de los políticos. Tampoco en su origen las cajas eran una iniciativa política, sino más bien de beneficencia, y las entidades que las dirigían al principio no tenían ninguna vinculación con el poder político, sino a veces eran de la Iglesia Católica, otras de empresarios comprometidos socialmente, y así existen orígenes diversos y curiosos que no se deberían haber abandonado del todo. Por lo tanto se plantea la pregunta de ¿cómo se llegó a la situación de que fueran las autonomías y los ayuntamientos quienes tomaron el control de las cajas?
Esta situación ha llevado a que las cajas concedieran financiación sin control durante los tiempos de bonanza, y a los gobiernos interesaba que la economía creciera animando al consumo y a la compra de casas. Pero lo peor quizás hayan sido las inversiones no rentables como en el caso del Aeropuerto de Ciudad Real (y otros), que pesan realmente mucho más en las cuentas al suponer una pérdida total, ya que son grandes proyectos sin retorno alguno. Por el otro lado, todos conocemos los abusos de las cajas en materia de comisiones, que superan a veces las de los bancos comerciales y son totalmente contrarias a las finalidades de las cajas.
Nos venden las fusiones (y la subsiguiente pérdida de oferta y competencia) como la panacea, cuando se ve que el remedio ha sido peor que la enfermedad. Tradicionalmente, en toda economía libre de mercado con un sistema de protección social, cuando una empresa o un banco entraba en situación de quiebra se liquidaba dicha entidad, y así la carga era básicamente de los socios o accionistas de ésta, que con la compra de participaciones sociales asumen su responsabilidad (responder con sus aportaciones de capital) en caso de quiebra. Y para salvaguardar los intereses de los depositantes existe el fondo de garantía, que cubre al menos a los depósitos de los menos pudientes. Proceder a una liquidación controlada, que se puede hacer, es mucho mejor que cargar a toda la sociedad el coste de la salvación de entidades de la bancarrota. Esto haría, además, que sus gestores actuaran con más diligencia para no comprometer la continuidad del banco o de la caja.
Al margen de este sistema, que no recuerdo muy bien en qué momento llegó a este exceso que conocemos, porque cuando eran cajas de ámbito municipal o provincial nunca se oía hablar tanto de las cajas, ha sido un error que las cajas se dejaran en manos de los políticos. Tampoco en su origen las cajas eran una iniciativa política, sino más bien de beneficencia, y las entidades que las dirigían al principio no tenían ninguna vinculación con el poder político, sino a veces eran de la Iglesia Católica, otras de empresarios comprometidos socialmente, y así existen orígenes diversos y curiosos que no se deberían haber abandonado del todo. Por lo tanto se plantea la pregunta de ¿cómo se llegó a la situación de que fueran las autonomías y los ayuntamientos quienes tomaron el control de las cajas?
Esta situación ha llevado a que las cajas concedieran financiación sin control durante los tiempos de bonanza, y a los gobiernos interesaba que la economía creciera animando al consumo y a la compra de casas. Pero lo peor quizás hayan sido las inversiones no rentables como en el caso del Aeropuerto de Ciudad Real (y otros), que pesan realmente mucho más en las cuentas al suponer una pérdida total, ya que son grandes proyectos sin retorno alguno. Por el otro lado, todos conocemos los abusos de las cajas en materia de comisiones, que superan a veces las de los bancos comerciales y son totalmente contrarias a las finalidades de las cajas.
Nos venden las fusiones (y la subsiguiente pérdida de oferta y competencia) como la panacea, cuando se ve que el remedio ha sido peor que la enfermedad. Tradicionalmente, en toda economía libre de mercado con un sistema de protección social, cuando una empresa o un banco entraba en situación de quiebra se liquidaba dicha entidad, y así la carga era básicamente de los socios o accionistas de ésta, que con la compra de participaciones sociales asumen su responsabilidad (responder con sus aportaciones de capital) en caso de quiebra. Y para salvaguardar los intereses de los depositantes existe el fondo de garantía, que cubre al menos a los depósitos de los menos pudientes. Proceder a una liquidación controlada, que se puede hacer, es mucho mejor que cargar a toda la sociedad el coste de la salvación de entidades de la bancarrota. Esto haría, además, que sus gestores actuaran con más diligencia para no comprometer la continuidad del banco o de la caja.
La salvación del euro también se nos vende como mal
inevitable, pues alegan que lo que podría venir después sería aún peor. ¿Y era
tan malo tener monedas nacionales? El euro ha eliminado la
competitividad, la ventaja comparativa entre unas y otras economías
nacionales al igualar precios y costes, pero, en realidad, las economías
ya no tienen la flexibilidad de antes y la falta de oferta y competencia
ha destruido empleo y capacidad adquisitiva. Aplicado a las cajas y
entidades bancarias, las fusiones han destruido riqueza, empleo y
variedad de oferta, la expansión de las cajas a entidades que se hacen
la competencia en el ámbito nacional ha desvirtuado su finalidad y les
ha hecho perder su carácter de cercanía al ciudadano normalito. Las
cajas realmente sólo pueden competir con los bancos en su ámbito
original, al trabajar a gran escala han perdido su razón de ser y sólo
han sido instrumentos de poder de los políticos regionales.
Una solución muy buena habría sido convertir a las cajas en bancos
cooperativos como existen en Alemania y Austria. Los bancos cooperativos
nacieron de forma similar a las cajas de ahorros y montes de piedad
(que también existen en Alemania y Austria, pero donde están limitadas a
sus ámbitos municipales o territoriales, siendo también, pero en menor
grado, instrumentos de poder de los gobiernos, con los mismos efectos
negativos de despilfarro, aunque allí el sistema es más complejo: Las cajas de ahorros dependen de los Bancos Territoriales de los estados federados que asumen, además, funciones de delegaciones del Banco Federal Alemán con sus cámaras de compensación y que también ha sido desvirtuados por los políticos dedicados a jugar a banqueros y especuladores). Los
bancos cooperativos ideados por Raiffeisen y los bancos populares
(>bancos del pueblo para el pueblo) se han salvado bastante bien de la
crisis. Funcionan como cooperativas de clientes, es decir, cada cliente
adquiere como mínimo una participación y como máximo de 17 a 50,
dependiendo de la entidad, cada participación cuesta unos 50 euros. El
capital social es, por tanto, de los clientes-cooperativistas, y éstos
eligen a sus directivos, que suelen ser profesionales del sector
financiero. Por las participaciones se pagan dividendos (alrededor del
6% anual) y casi siempre las cuentas no tienen comisiones de
mantenimiento ni de transferencia. Nunca se ha oído que los bancos populares y de Raiffeisen
hayan estado involucrados en tejemanejes políticos. Además, fomentan a
los autónomos, las pymes y al pequeño ahorrador, a la vez que ofrecen
servicios bancarios completos. Pero en España a nadie parece habérsele
ocurrido copiar este sistema.
Por lo tanto, no creo que las fusiones sean la solución, nunca lo han sido, sólo crean macroentidades que no se pueden controlar. Más bien debe replantearse todo este sistema bancario y de cajas de ahorros, sobre todo en las cajas haría falta algo completamente nuevo, recuperando la esencia de las cajas, pero volviendo a tenerlas como cajas provinciales interconectadas para dar un mejor servicio, pero sin grandes consejos administrativos y sin políticos que les metan mano.
Una solución muy buena habría sido convertir a las cajas en bancos
cooperativos como existen en Alemania y Austria. Los bancos cooperativos
nacieron de forma similar a las cajas de ahorros y montes de piedad
(que también existen en Alemania y Austria, pero donde están limitadas a
sus ámbitos municipales o territoriales, siendo también, pero en menor
grado, instrumentos de poder de los gobiernos, con los mismos efectos
negativos de despilfarro, aunque allí el sistema es más complejo: Las cajas de ahorros dependen de los Bancos Territoriales de los estados federados que asumen, además, funciones de delegaciones del Banco Federal Alemán con sus cámaras de compensación y que también ha sido desvirtuados por los políticos dedicados a jugar a banqueros y especuladores). Los
bancos cooperativos ideados por Raiffeisen y los bancos populares
(>bancos del pueblo para el pueblo) se han salvado bastante bien de la
crisis. Funcionan como cooperativas de clientes, es decir, cada cliente
adquiere como mínimo una participación y como máximo de 17 a 50,
dependiendo de la entidad, cada participación cuesta unos 50 euros. El
capital social es, por tanto, de los clientes-cooperativistas, y éstos
eligen a sus directivos, que suelen ser profesionales del sector
financiero. Por las participaciones se pagan dividendos (alrededor del
6% anual) y casi siempre las cuentas no tienen comisiones de
mantenimiento ni de transferencia. Nunca se ha oído que los bancos populares y de Raiffeisen
hayan estado involucrados en tejemanejes políticos. Además, fomentan a
los autónomos, las pymes y al pequeño ahorrador, a la vez que ofrecen
servicios bancarios completos. Pero en España a nadie parece habérsele
ocurrido copiar este sistema.Por lo tanto, no creo que las fusiones sean la solución, nunca lo han sido, sólo crean macroentidades que no se pueden controlar. Más bien debe replantearse todo este sistema bancario y de cajas de ahorros, sobre todo en las cajas haría falta algo completamente nuevo, recuperando la esencia de las cajas, pero volviendo a tenerlas como cajas provinciales interconectadas para dar un mejor servicio, pero sin grandes consejos administrativos y sin políticos que les metan mano.
