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20 febrero 2010

El socialismo está agotado, desubicado y falto de ideas

Desde 1990, cuando parecía que se acabaría para siempre la pesadilla socialista dirigida por una URSS en descomposición a causa de su nefasta política económica, que a su vez era consecuencia de una política general errática, totalitaria y contraria a la naturaleza misma del hombre, los partidos que defendían estas ideas socialistas en varios niveles -de moderado a radical in extremis- se quedaron desorientados y carentes de contenidos programáticos, dado que el gran hermano de Moscú les había fallado y que las ideas revolucionarias abstractas ya no servían ni como utopía.

Tras unos años de reubicación volvieron a descubrir sus viejas y trasnochadas ideas, sobre todo porque los desmanes de la apertura de los mercados del este y tras haberse arrollado a los ciudadanos de las antiguas dictaduras comunistas con productos y métodos algunas veces no muy correctos, alimentaron a los populistas de izquierdas con argumentos contra el capitalismo y la pérdida de una red social que en realidad en el este sólo existía para los funcionarios del partido único, mientras que para la población corriente la atención social era de mala a inexistente, con pensiones bajísimas y poca mercancía para comprar y consumir.

Otros partidos, antaño alimentados y financiados por el gran hermano de Moscú y sus satélites, que habían descubierto el filón de la autodeterminación, el separatismo, el nacionalismo sin base histórica o sin viabilidad real, concentraron entonces todos sus esfuerzos en profundizar en este tipo de acción política llevándola al absurdo tan extremo como lo podemos observar en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia. 

La diferencia entre nacionalistas y socialistas reside en que los primeros tienen un contenido aún argumentable, aunque sólo sea torticeramente, mientras que los segundos no lo tienen y tratan de asemejarse a los primeros con tal de sobrevivir. El hecho nacional o centralista como en España es inaceptable para esa izquierda socialista, pues desde la transición cometió el error de demonizar a la nación por franquista y a la bandera por considerarla un símbolo de ese franquismo, y en consecuencia perdió toda relación natural con su país y sus símbolos.

Pero el haberse arrimado a los nacionalistas y separatistas ha sido otro error grave. Antes, el hecho diferencial entre izquierda socialista española e izquierda nacionalista regional al menos aseguraba votos suficientes para jugar un papel importante en los parlamentos autonómicos. Por añadidura, el hecho de que unos políticos no autóctonos de una autonomía practiquen un nacionalismo radical excluyente sin vivir ellos mismos ni sus familias inmersos en dicha ideosincrasia nacional que proclaman, tiene que llevar al desastre, pues en su gestión prima más todo aspecto nacionalista y lingüístico que la solución de los verdaderos problemas que surgen en el día a día en cualquier sociedad en el ámbito local, regional o nacional y que nada tienen que ver ni con ideologías ni con lenguas propias o ajenas.

Al final, esta vorágine nacionalista se ha convertido en una espiral con una dinámica propia que radicaliza las posiciones y hace que los gobernantes pierdan el contacto con la realidad y se olviden de cosas tan simples y a la vez importantes como son los derechos fundamentales, las libertades individuales y las bases de toda convivencia pacífica.

Pero, frecuentemente, cuando un movimiento coge una velocidad vertiginosa, suele acabar en un estado de implosión. La sobresolicitación de la maquinaria puede provocar el gripado del engranaje y acabar de golpe y sin acción externa alguna con el mal funcionamiento.

Esto es lo que ocurre actualmente en Cataluña. Lo que en un momento dado podría haber sido algo convincente para muchos, ahora empieza a dar signos de fatiga, de hartazgo supino. El fomento de la identidad nacionalista se ha convertido en un medio de opresión, de presecución y de delación, así como en un instrumento de enriquecimiento ilícito del estado (de la autonomía) a costa de la libertad de sus ciudadanos de decirdir qué lengua usar en su vida diaria, en sus actividades económicas y en su educación. Aspectos como éstos, que nunca deberían ser decididos por ningún gobierno, sino sólo por el individuo, que se supone que nace libre y debe poder decidir libremente cómo comunicarse, con quién relacionarse y a quién ofrecer sus servicios o productos, sin que por ello pueda ser castigado, arruinado, perseguido o expulsado.

La vuelta del socialismo a sus andaduras totalitarias, como es el caso del PSC en Cataluña, debe recibir una respuesta ciudadana contundente mediante un voto a los únicos representantes parlamentarios que luchan incansablemente por que todos los ciudadanos conserven sus libertades y puedan vivir sin ser coaccionados con riesgo para su economía, el desarrollo de su personalidad y su actividad profesional.

Ningún socialista, aunque se camufle bajo otras siglas y se apropie de proclamas ajenas, nunca será guardían de la libertad individual. Sólo Ciudadanos será garantía de que seguirá habiendo libertad para todos en todos los ámbitos, tanto en Cataluña como en el resto de España. A veces no es cuestión de tamaño de un partido, sino de su mensaje y su denuncia cuando las cosas no se desarrollan en la dirección correcta, con lo que se puede convertir en un facor de estabilidad de nuestra democracia.

El socialismo ha muerto. ¡Viva la Libertad!



10 junio 2008

El derecho a la huelga y la ley de la selva

El caos de ayer en Madrid, con bloqueo de las principales salidas por autopista y una avalancha de coches en las estaciones de servicio para asegurarse tener los depósitos llenos ante la incertidumbre de las consecuencias de esta huelga para el abastecimiento con productos básicos, ha sido nuevamente una demostración de lo que no debe ser una huelga y de qué envergadura es la imprevisión que los gobiernos en general y los gobiernos de izquierda en particular suelen dejar patente ante situaciones de este tipo.

E
s curioso que el derecho de huelga no ha sido desarrollado por legislación específica prevista desde hace treinta años en la Constitución Española. Ningún gobierno, ni siquiera los llamados gobiernos progresistas socialistas sufridos en este país entre 1982 y 1996 y desde 2004, se han visto en la necesidad de regular en detalle los derechos y deberes de los huelguistas y de los afectados por sus acciones.


E
specialmente con huelgas de este tipo, que son idóneas para paralizar a un país entero o al menos para perturbar seriamente el funcionamiento de servicios básicos, se vulnera de forma frapante el derecho de los ciudadanos de disfrutar de sus libertades. Entre otros, es un derecho de cualquier ciudadano el moverse libremente por el país y no encontrarse secuestrado por huelgistas que bloquean las principales arterias de una ciudad. Con acciones de los piquetes como las de impedir la libre circulación por las vías públicas se comete realmente un delito contra las libertades ciudadanas.


U
n derecho de huelga no puede suponer hacer sufrir a toda la población las consecuencias de los paros que los huelgistas deciden llevar a cabo en su actividad laboral. No se pueden convertir en una coacción a los ciudadanos que nada pueden hacer al respecto de las reivindicaciones de los huelguistas, por muy comprensibles que sean.


D
esde siempre se ha visto que coaccionar a los ciudadanos impidiéndoles su libre circulación y que acudan a sus puestos de trabajo en condiciones normales sin perder en ello varias horas al día, unido a los elevados costes que la pérdida de horas de trabajo y de ventas por falta de abastecimiento con y la entrega puntual de mercancías, nunca ha servido de nada. La idea es que con causar el disgusto a los ciudadanos se puede conseguir hacer presión sobre el gobierno, pero en la práctica los gobiernos no se inmutan apenas ante tales acciones.


P
or otra parte, el desgaste del gobierno tampoco parece ser muy elevado, dada la inoperancia de la oposición que se supone debería ejercer el PP. Es más, para el gobierno de Z no hay crisis y que no hay razones para el desánimo.


L
a izquierda habla siempre de querer modificar la Constitución, pero la realidad es que ni siquiera desarrolla debidamente la actual. Es hora que después de treinta años se regule el derecho de huelga para que no se convierta en la ley de la selva y una especie de terrorismo callejero que queda totalmente impune por no poner remedio el gobierno a las acciones a todas luces ilegales de los huelguistas.


T
enemos un gobierno que llegó al poder sin programa y que demuestra cada día que sigue sin tener ningún programa. Es un gobierno incapaz de enfrentarse a la realidad, mientras que dedica toda su energía a temas que son de índole puramente ideológica y que no resuelven el día a día de los ciudadanos. El mejor ejemplo es la flamante ministra de igualdaZ.


L
o peor de todo ello es que ante los ojos de los países miembros y miembras de la Unión Europea España quedará como un descerebrado que a este ritmo se quedará en una celda de aislamiento. Aún peor es que carecemos, en estos momentos, de alternativa de gobierno. Los miembros y las miembras del PP tienen bastante consigo mismos.