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28 enero 2011

Mientras la economía se hunde, Pajín financia proyectos ideológicos

El lunes fue es uno de esos días en los que uno se queda patidifuso y boquiabierto ante tanta desfachatez de esta clase política de izquierda progre y corruta que gasta sin ton ni son el dinero que no tiene ni ella ni el estado que regenta, especialmente cuando el contraste con la realidad del país es tan pronunciado. Los titulares hablan por sí solos:

Pajín regala 2,6 millones de euros a sindicatos y grupos feministas afines


La ministra de Seguridá Sociá e Igual Dá
En el presente caso se trata de temas que no dejan duda sobre el destino probable de los fondos y la inutilidad de los proyectos que se supone van a financiar:

Entre otros son: Visibilidad de lesbianas, bisexuales y transexuales; feminismo islámico –valga el oxímoron– en la provincia de Ceuta; economía en femenino; colectivo afrodescendiente;  Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres; Plataforma de Mujeres Cantantes, Escritoras y Artistas contra la Violencia de Género; prevención de la violencia en parejas de lesbianas, compromiso con la “cultura de la paz” a través de la ideología de género. 

El hecho de militar en grupos dedicados a estas actividades puede suponer poder recibir unos cuantos miles de euros a cuenta de los contribuyentes españoles merced a la generosidad selectiva de Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Esta semana el Boletín Oficial del Estado publicó la resolución de 16 de diciembre de 2010 que detalla las subvenciones concedidas por el ministerio que encabeza Pajín. Su cuantía total asciende a los 2,6 millones de euros, repartidos entre más de un centenar de colectivos que, en su abrumadora mayoría, acreditan una inequívoca identidad progresista o feminista, cuando no las dos cosas, con tal de merecer segura dádiva. No faltan, entre los agraciados, los sindicatos mayoritarios –UGT y CC OO–, habituales en estas pedreas de dinero público. Así, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras percibe 50.943 euros por el siguiente programa presentado: “Realización de la revista Trabajadora. Realización de materiales en lo relativo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Realización de jornadas para avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. En cuanto a la Unión General de Trabajadores de España, por una iniciativa denominada “Crisálida. Observatorio de medidas y planes de igualdad en la negociación colectiva”, se embolsará 33.790 euros del ala.

En honor a la verdad hay que decir que, aunque sean las menos, también hay asociaciones de signo no izquierdista entre las subvencionadas, como la Federación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina, si bien es cierto que recibe la modesta cantidad de 3.000 euros frente, por ejemplo, a los 26.398 que recae sobre la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas Fakali o los 15.790 con que se bendice a la Asociación de Mujeres Concejalas 79, entregada a tareas de “sensibilización y asesoramiento para potenciar el papel de las mujeres en los ayuntamientos”.

Los colectivos subvencionados son muy diversos, pero casi todos comparten la misma condición feminista. Hay 19.653 euros para la Asociación de Colaboradores con las Presas, unos considerables 61.962 euros para la Asociación de Mujeres Juristas Themis, 8.000 para un seminario de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, otros 8.790 para la Asociación Nacional de Mujeres Ucranianas en España o los 62.790 euros para la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.

Especialmente escandalosas resultan ser las ayudas a grupos como la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (22.790); la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent (8.865 euros destinados a un programa de actuación integral para las mujeres que ejercen la prostitución); la Asociación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón (34.054); la Asociación Leonesa Simone de Beauvoir (21.790); el Colectivo de Jóvenas (¡sic!) Feministas (6.895); la inevitable Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (30.790); la Federación de Mujeres Progresistas (la subvención más nutritiva, con 120.125 euros) o la Federación de Planificación Familiar, que invertirá sus 71.619 euros en propaganda abortista, entre otras cosas.

En otros tiempos, los hijos pródigos que malgastaban el dinero familiar se ponían bajo tutela para inhabilitarlos para el gasto descontrolado de dinero. En el caso de los socialistas no hay medida que valga para parar el despilfarro. Porque está claro que muchas de estas asociaciones sirven en primer lugar para financiar a los afines al PSOE y asegurarles ingresos a costa del erario público. La utilidad práctica no la verá nadie más que ellos, porque los mismos nombres de las entidades mencionadas hacen prever que se trata de grupos muy minoritarios de escasa proyección pública. Y si no fuese así ¿por qué no se publican informes sobre sus actividades y el uso que dan a los fondos recibidos?

Fuente:

19 septiembre 2008

Cooperación Internacional - ¿Competencia municipal?

¿En qué medida es moralmente lícito que un ayuntamiento dedique fondos de sus presupuestos a proyectos de cooperación internacional? ¿Es razonable que exista una dispersión de esfuerzos y fondos creando y apoyando proyectos de entidades sin ánimo de lucro de ámbito municipal destinados a países en ultramar?

Son dudas que me vienen al leer sobre las subvenciones que conceden muchos ayuntamientos -si no todos- a organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo proyectos de ayuda humanitaria o de desarrollo en países del tercer mundo, en países con economías emergentes o en paraísos fiscales.

Generalmente, los presupuestos municipales son bastante limitados y deben destinarse a mejorar las condiciones de vida de los vecinos de estos municipios. La población demanda también una oferta de servicios muy variada, tanto en el plano médico-sanitario como en el cultural o de la información.

Así resulta lógico y deseable que existan asociaciones vecinales y culturales que ofrezcan y organicen actividades que abarquen un amplio abanico de materias para satisfacer esta demanda. Igualmente resulta lógico y necesario que los ayuntamientos financien proyectos de dichas asociaciones o, como mínimo, pongan a disposición de ellas instalaciones municipales para poder desarrollar sus actividades.

Otro tema son los proyectos de cooperación internacional. Salvo que un municipio haya establecido lazos con otros municipios en terceros países, en el marco de lo cual tiene que llevar a cabo cierta actividad promocional o incluso de ayuda al desarrollo si tales municipios hermanados se encuentran en una situación de desventaja respecto al primer mundo, considero que es improcedente destinar importantes sumas de dinero de las arcas municipales a proyectos que nada tienen que ver con el desarrollo y el bienestar del término municipal y de sus habitantes, pues excede las competencias de un municipio.

En este sentido, las entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser asociaciones culturales, políticas, vecinales y fundaciones, sobre todo si son de ámbito exclusivamente municipal, deben de centrar sus actividades en el municipio en el que tienen su sede o, como mucho, en los municipios colindantes.

En cambio, las actividades de cooperación internacional deberían de limitarse a entidades de ámbito nacional o de una comunidad autónoma para evitar una dispersión excesiva de los esfuerzos, la multiplicación de los gastos de gestión y de cargos y para mejorar la comunicación con organismos del estado o internacionales para canalizar los proyectos de ayuda o difusión. De sobra son conocidos los casos de despilfarro de fondos de algunas organizaciones no gubernamentales en viajes, administración y alojamiento que absorben grandes sumas de los donativos y de las subvenciones recibidos.

Sorprende que ayuntamientos como él de Alcobendas -y sin duda todos los municipios de mayor tamaño- dediquen fondos y esfuerzos a actividades en ultramar que nada tienen que ver con estos municipios. Pero también resulta lamentable que cada equipo de gobierno destina subvenciones a entidades afines con tal de recomepensar a los suyos por algunos servicios prestados al partido gobernante, sin que estos gastos supongan un beneficio para los vecinos del municipio.

Es comprensible que, de establecerse subvenciones para tales actividades, éstas sean solicitadas y concedidas, por lo que su solicitud es lícita y justificada, pero por muy profesional que sea la ejecución de los proyectos, siempre priman las afinidades políticas de las organizaciones que las solicitan. Dado que esta práctica está generalizada, resulta difícil que se pueda llegar a un sistema de ecuanimidad e independencia ideológica o de grupos de intereses creados cuando se decide el reparto de las ayudas. Sobre todo se utiliza la posibilidad de conceder subvenciones para colocar a gente afín y -más que esto- a amiguetes de los gobernantes sin buscar un beneficio social. En consecuencia, los ánimos se crispan, como en el caso de Fundación Triángulo de Alcobendas, cuando estas prebendas se pierden por evidentes incompatibilidades de afinidad política.

Todos ganaríamos mucho más si los gobernantes y los ediles de la oposición tomaran las decisiones sobre proyectos culturales, sociales y de cooperación con una mentalidad de ecuanimidad y siguiendo criterios objetivos y si las entidades beneficiarias de las ayudas se dedicaran a fondo a los proyectos que proponen sin intentar incidir en la opinión pública sobre unos y otros partidos por razones ideológicas.

Una solución alternativa sería la democracia directa aplicada a decisiones sobre la concesión de ayudas. Así serían los vecinos del municipio que deciden qué destino dar a los fondos de los que dispone el ayuntamiento, con lo que se respondería con mucha más eficacia a la demanda social. Deben de ser los ciudadanos que decidan por mayoría y no los partidos gobernantes ni las entidades afines a éstos, porque el dinero de los impuestos es de todos y no debe servir para satisfacer intereses particulares o sectoriales. Con una participación ciudadana más intensa en las decisiones municipales todos ganaríamos.